Mientras continúa la polémica por el cupo impuesto por el Gobierno, que permite la entrada al país de sólo 600 personas por día, el Gobierno analiza realizar vuelos de repatriaciones para casos particulares.
Según publicó Infobae, en los últimos 10 días se autorizaron ingresos por razones “puntuales” y se evalúa formalizar este mecanismo para que más argentinos puedan regresar, aunque mantendrán el cupo de los 600.
Si bien los parámetros para las repatriaciones aún no están definidos, todo apunta a que obedecerían a razones de salud, de seguridad o laborales.
Días atrás, diputados de Juntos por el Cambio presentaron un habeas corpus para que los argentinos que se encuentran fuera del país puedan regresar en el corto plazo.
El documento fue firmado por Waldo Wolff, Luis Petri, Fernando Iglesias, Álvaro de Lamadrid, Cristian Ritondo y Pablo Torello y pide que “se rehabiliten las rutas aéreas nacionales al estado anterior de restricciones dispuestas, y se arbitren los medios para repatriar a los ciudadanos argentinos varados, permitiéndoles que puedan regresar a la Argentina”.
Amnistía internacional considera una violación a los derechos humanos
La organización global Amnistía Internacional, le reclamó hoy al Gobierno argentino información sobre los miles de argentinos que están varados en el exterior por las restricciones que impuso al acotar el cupo de personas que puede ingresar al país.
“Empezamos a recibir denuncias de gente varada. Duermen en el aeropuerto y se tienen que hacer PCR todos los días. La restricción en Argentina no se encuentra contemplada en una ley. A los ciudadanos hay que darles previsibilidad. Se están violando Derechos Humanos, no se cumplen todos los requisitos necesarios para las restricciones. Se están violando derechos de los ciudadanos”, aseguró enfática Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, en diálogo con María Laura Santillán por CNN Radio.
Además, solicitó una reunión con los funcionarios, les requirió explicaciones con respecto a la decisión tomada y advirtió sobre la necesidad de adoptar medidas “proporcionadas” en el marco de la pandemia.
"A más de un año de iniciada la pandemia, las autoridades deben extremar su compromiso con los derechos humanos y garantizar que las políticas implementadas no causen un impacto desproporcionado en las personas. En este sentido, tanto el Poder Ejecutivo, como el Poder Legislativo y el Judicial tienen un rol clave y deben asegurar el máximo respeto de los derechos en la respuesta al COVID-19”, cerraron desde el organismo.
