El 1 de septiembre de 2022 el país se vio conmocionado ante la irrupción de la violencia política que se cocinaba en tres esferas distintas: las redes sociales, los medios de comunicación y las declaraciones de referentes partidarios, hasta desbordar las pantallas para materializarse en un hecho que atentó contra la democracia y pudo haber terminado en uno crimen atroz.
Entre los imputados se encuentran Fernando Sabag Montiel, quien apuntó directamente a la cabeza de Cristina Fernández de Kirchner frente a su residencia en Recoleta y gatilló sin poder lograr su cometido. Brenda Uliarte, su pareja y presunta cómplice, y Gabriel Carrizo, jefe de los vendedores de algodón de azúcar conocidos como “Los Copitos”.
Mientras el primero asegura que actuó solo, que no conoce a Carrizo y que Uliarte no tiene nada que ver con el ataque a la vicepresidenta, la querella se rehúsa a creerle y pidió -en el último año- infinidad de medidas de prueba, sin demasiado éxito.
Según el fiscal Carlos Rívolo, Montiel y Uliarte tenían planificado el atentado meses antes de concretarlo y eso surge de las conversaciones que se encontraron en los celulares de los imputados, acorde a las pericias realizadas por el departamento informático de Gendarmería nacional. Ante esas pruebas, entre otras, las últimas resoluciones judiciales definieron que los tres implicados esperen el inicio del juicio oral en la cárcel, condición en la que podrían permanecer por los próximos 20 años.
Tras los rechazos a los pedidos de excarcelación o atenuación de la prisión preventiva, los tres aguardan que el Tribunal Oral Federal N°6 fije la fecha del debate, frente a tres jueces subrogantes, que se rotan y varían periódicamente, de modo tal que la fecha de realización es incierta.
Sospechosas huellas en la arena política
El fiscal Rívolo aceptó tardíamente un pedido de los abogados de Cristina para que sea secuestrado el teléfono celular del diputado de Juntos por el Cambio Gerardo Milman, a quien un testigo afirma haber escuchado pronunciar antes del intento de asesinato la frase “cuando la maten yo estoy camino a la costa”. Inmediatamente el legislador negó esa situación, pero una de sus secretarias contó que fue llevada a unas oficinas en la Avenida de Mayo, donde tiene su sede una asociación civil vinculada a la candidata presidencial Patricia Bullrich, para borrar su teléfono y aseguró que “Milman estaba allí para lo mismo”.
El teléfono fue entregado por Milman pero objeciones judiciales y trabas burocráticas continúan impidiendo su análisis y evaluación. Hay otros planteos que tampoco prosperaron, como el pedido de unificar la investigación por intento de magnicidio con la causa en la que se investigan las actividades de la agrupación de ultraderecha Revolución Federal.
Por su parte, la querella presentó una línea de tiempo en la que mostró que cada vez que el líder de Revolución Federal, Jonathan Morel, recibía pagos para trabajos de gran magnitud que su pequeña carpintería no podía afrontar per se y debía tercerizar para amueblar un edificio en Vaca Muerta, días después había una actividad violenta de la agrupación. Esos pagos provenían de la empresa Caputo Hermanos, a través de un rocambolesco vínculo de una de las integrantes de la familia del ex funcionario de Juntos por el Cambio Luis “Toto” Caputo con el propio Morel.
A un año del hecho la investigación sigue abierta y, en lo formal, el fiscal Rívolo –en quien la jueza Capuchetti delegó la pesquisa– continúa produciendo pruebas para determinar si detrás de los tres supuestos autores del intento de homicidio hay algo más. Sin embargo, parece difícil que ese camino conduzca a alguna novedad significativa, cuando se han rechazado planteos de entrecruzamientos telefónicos, llamados a indagatorias y la profundización de eventuales vínculos políticos de los imputados.
Por otra parte, tampoco se ha profundizado en la investigación sobre las omisiones de seguridad en torno a la vicepresidenta, que permitieron que en un escenario público, plagado de adherentes a su idea política, un hombre colocara un arma a diez centímetros de su cabeza y gatillara. Mientras la querella mira hacia la Policía de la Ciudad, el abogado Gregorio Dalbón desconfía de la Policía Federal.
Una causa que "va muy mal y va a terminar peor"
Esta fue la declaración del diputado nacional del Frente de Todos Rodolfo Tailhade quien se quejó del “accionar judicial respecto de los tres copitos para no profundizar ninguna de las pistas que pueden llegar a determinar autores ideológicos, partícipes o financistas del atentado”, apuntando así contra la jueza y el fiscal.
En diálogo con Splendid-AM 990, el legislador oficialista consideró que “ha sido deliberada la decisión de la mafia de Comodoro Py de no profundizar en esas líneas de investigación porque claramente iba a llevar a la política”, dijo tras asegurar que “los elementos conducen a la pista política de (Gerardo) Milman y (Patricia) Bullrich”, por lo que Tailhade acusó a la Justicia de tener la intención de “dejar en la impunidad este hecho o que quede circunscripto a tres loquitos sueltos”.
Por su parte, la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, escribió en su cuenta de Twitter que se trató del “acto de violencia política más grave desde el retorno de nuestra democracia” y consideró que fue “el emergente más extremo de un proceso de violencia que se venía gestando con anterioridad y que, lamentablemente, no cesó en aquel momento”.
Para la ministra de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Cristina Álvarez Rodríguez, “el acto de violencia política más grave desde la vuelta de la democracia, que todavía sigue impune” y pidió: “Que todas y todos los responsables del atentado sean juzgados”.
Este viernes, al cumplirse un año del atentado, organizaciones sociales, sindicales, feministas y de adultos mayores adherentes a Unión por la Patria (UxP) se movilizarán en reclamo de “justicia”, contra la “impunidad” y para exigir castigo a los responsables, porque “con violencia política no hay democracia”.
Desde sus redes sociales la agrupación La Cámpora, dejó disponible un documental sobre el fallido magnicidio denominado “La bala que no salió y el fallo que sí saldrá”, que se puede ver completo desde la plataforma de Youtube.
Informe: Valeria Druckmann
