Este lunes 19 de septiembre a las ocho de la mañana comenzó el alegato de la defensa de Cristina Fernández de Kirchner en el juicio por la obra vial en Santa Cruz. En el día de hoy y mañana presentarán su palabra ante la justicia los abogados de la vicepresidenta, Carlos Alberto Beraldi y Ariel Llernovoy. Mientras que el viernes próximo cerrará el alegato la propia ex presidenta de la Nación de manera remota.
La causa conocida como "Causa Vialidad" acusa a Cristina Fernández de Kirchner de “asociación ilícita” y “administración fraudulenta agravada” en la concesión de fondos para obras viales de Santa Cruz, durante el período de 2003 a 2015.
En específico se la acusa de favorecer con 51 licitaciones públicas provinciales al empresario Lázaro Báez, con quien tanto ella como el expresidente Néstor Kirchner y el secretario de Obras Públicas, José López, habrían mantenido un vínculo de amistad. Hasta el momento son 13 los imputados en este expediente, pero en los tres años y medio que lleva la causa no ha aparecido ningún testigo que informara que recibió una instrucciones expresas respecto de las rutas santacruceñas o de Lázaro Báez, que ganó 51 de las 81 licitaciones.
Al comienzo de la sesión el abogado de la funcionaria, Carlos Alberto Beraldi, cuestionó las "toneladas" de prubas que informó el fiscal federal Diego Luciani pero que aún no pudo mostrar en las nueve jornadas de alegatos: "Escuchamos cosas insólitas que después repiten los medios de comunicación".
Además, remarcó el hecho "lamentable" de que mientras se mantenía en pie la mencionada causa se produjeron reuniones privadas entre el fiscal Luciani y el juez Rodrigo Giménez Uriburu, de quienes se conocieron fotografías jugando al fútbol en la quinta Los Abrojos, propiedad de Mauricio Macri.
Luego el letrado presentó varios tramos del alegato del fiscal Luciani, en los que éste opinó sobre cómo se debían establecerse los criterios para gobernar y asignar qué obras públicas en las distintas provincias. “Esto no puede hacerse en un juicio. No existe ninguna norma que imponga límites al poder político para distribuir las obras”, cuestionó, puntualizando en que no es valido el argumento del fiscal sobre la determinación de obras en base a "el criterio de población", ya que esto acarrearía concentrar las obras públicas solamente en las provincias centrales, es decir las más pobladas.
Por último el abogado sentenció que “es falso que el único empresario (que realizó obras públicas) haya sido Lázaro Báez, porque hubo miles de empresarios”. Lo que ocurrió, agregó, es que durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner “hubo un crecimiento de realización de obras públicas” que fueron “producto de una política de gobierno”. “Hay una acusación carente de pruebas y que además fue destrozada en este juicio por la evidencia objetiva”, señaló el defensor de Cristina Fernández.
