En la cuenta regresiva al tratamiento del aborto legal que propone la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo y la ley de los 1.000 días (un plan de asistencia social y de salud destinado a las mujeres embarazadas y sus hijos hasta poco más de sus dos años de edad), un grupo de diputadas y senadoras avanzaron sobre la posibilidad de introducir cambios que permitan garantizar los votos a favor que derivarían en la aprobación por parte de ambas cámaras.
Por un lado, quienes impulsan el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo analizan incluir la cláusula de objeción de conciencia institucional, tema de fuerte debate hace dos años y según el cual los establecimientos privados que no acepten realizar la práctica puedan derivar a las pacientes a otras instituciones. El objetivo es que la derivación esté garantizada.
El segundo aspecto que se viene considerando y aplicaría la legislación vigente según el Código Civil , es el que solicita que las niñas-jóvenes de entre 13 y 16 años estén acompañadas cuando se realicen un aborto.
Un tercer punto a discutir –y de difícil resolución– apunta a bajar, de diez a tres días, el plazo para la realización de la práctica desde el momento en que la mujer embarazada lo solicita. Lo que podría reducir también, en los hechos, la semana límite para la realización del aborto (el texto oficial establece la semana 14 de gestación).
Las conversaciones por estos tres puntos pretenden evitar una segunda negativa desde el Senado, como en 2018, y apuntan a un acuerdo que podría acelerar el trámite parlamentario y lograr que la ley se sancione antes del fin de 2020.
Mientras en Diputados, donde desde mañana la ley se someterá a discusión y votación (las sesiones podrían durar hasta el viernes), habría una leve ventaja a favor, en el Senado se percibe un posible empate. El objetivo de las tres modificaciones que se vienen conversando es terminar de definir el voto de algunos legisladores.
