La provincia canadiense de Quebec está considerando imponer un impuesto especial a las personas que no estén vacunadas contra la COVID-19, por "las consecuencias" que supone para el sistema sanitario provincial el coste de la atención a pacientes que se han negado a recibir las vacunas.
La propuesta de Quebec, dada a conocer este martes por el primer ministro provincial, Francois Legault, se produce pocos días después de que el ministro de Sanidad de Canadá, Jean-Yves Duclos, declarase que las provincias canadienses tienen que plantearse hacer obligatoria la vacunación contra la COVID-19.
Legault afirmó en una rueda de prensa que la actitud de los antivacunas tiene "consecuencias" para el sistema sanitario y no es justo que el resto de quebequeses tengan que pagar por su negativa.
Asimismo, el primer ministro quebequés añadió que los negacionistas "ponen una carga muy importante" en el sistema sanitario y que es "normal" que la mayoría de la población exija una respuesta a su actitud.
En las últimas semanas, el rápido aumento del número de casos de coronavirus por la variante ómicron ha provocado la saturación de los sistemas sanitarios del país. En los últimos 40 días, desde que ómicron se detectó en Canadá, el país ha contabilizado más casos confirmados de COVID-19 que en todo 2020.
La presión sobre el sistema sanitario forzó este martes a la provincia de Ontario, la más poblada de Canadá, a permitir que 300 profesionales sanitarios con titulaciones extranjeras puedan trabajar en hospitales.
Este personal se sumará otros 5.700 trabajadores extra, entre ellos estudiantes de enfermería, estudiantes de medicina y otros estudiantes de programas sanitarios, que serán contratados en las próximas semanas para intentar aliviar la presión.
Actualmente, en Quebec se registran 2.742 personas hospitalizadas por el COVID-19. Según la autoridades provinciales, aunque solo un 10 % de la población de Quebec no está vacunada contra la pandemia, estas personas representan un 50 % de los pacientes ingresados en hospitales.
La atención necesaria para tratar a estos pacientes ha provocado que algunos hospitales de Montreal hayan empezado a posponer cirugías para personas que sufren cáncer o problemas cardíacos.
Pero la idea de imponer un impuesto a los no vacunados que no tengan una exención médica ya ha empezado a ser disputada por algunos sectores.
En ese sentido, en Facebook, un grupo de quebequeses opuestos a las vacunas calificó el anuncio de Legault como una estrategia de "guerra psicológica" y advirtieron que recurrirán a los tribunales si el Gobierno de Quebec finalmente impone el impuesto.
Estallaron las solicitudes para vacunarse con la primer dosis
En ese marco, miles de personas han solicitado la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19 en Quebec, Canadá, después de que las autoridades de la provincia anunciaron que estudian imponer un impuesto especial a aquellos que no estén inmunizados.
El ministro de Sanidad de Quebec, Christian Dubé, tuiteó este miércoles que las citas para recibir primeras dosis siguen en aumento y que tras sumar unas 5.000 el lunes, la cifra subió a 7.000 el martes, la más alta en los últimos días.
Por su parte, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, se mostró este miércoles reacio a apoyar la medida de Quebec, aunque tampoco la criticó. En ese contexto, durante una rueda de prensa en Ottawa, Trudeau declaró que había recibido "con interés" la propuesta quebequesa, pero que necesitaba tener más detalles para dar su opinión.
El primer ministro canadiense añadió que las autoridades federales ya ha implementado "duras medidas" para incentivar la vacunación de los canadienses, como prohibir que los no inmunizados viajen en avión o tren, o forzar a todos los funcionarios federales a recibir las vacunas.
Organizaciones que trabajan con minorías han advertido que la propuesta de Quebec puede aumentar las desigualdades ante la pandemia y afectar de forma desproporcionada a las personas de color o los indígenas.
Por su parte, la Asociación de Libertades Civiles de Canadá calificó la medida como "divisoria" y apuntó que puede ser anticonstitucional.
