El domingo pasado, el ministro de Economía Sergio Massa anunció doce medidas para contener los efectos inflacionarios que trajo aparejada la devaluación del día siguiente a las PASO. Entre ellas se destacaba un refuerzo de 60 mil pesos en dos cuotas destinado a trabajadores del sector público y privado con ingresos netos menores a 400.000 pesos. Sin embargo, al menos 12 distritos del país anticiparon que no aplicarán el pago porque “están desarrollando sus propias paritarias”.
Por el momento solo confirmaron su adhesión Mendoza, La Rioja y Santiago del Estero. En tanto, el resto de las provincias se encuentran definiendo si se plegarán al bono o privilegiarán sus negociaciones locales.
El primero en abrirse fue el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, quien detalló que no pagará a sus empleados el bono porque -en su propia paritaria- la provincia ya había acordado con los gremios la aplicación de una cláusula gatillo hace sólo diez días: “un mecanismo frente a cualquier instancia de desfasaje de inflación como las cláusulas automáticas o gatillo para preservar el poder adquisitivo”, afirmó el mandatario en declaraciones radiales.
En tanto, Misiones, conducida por el gobernador Oscar Herrera Ahuad que apoya la candidatura presidencial de Massa, también se distanció del bono a empleados públicos, con argumentos similares a Santa Fe. El ministro de Hacienda, Adolfo Safrán, justificó la decisión de no pagarlo al explicar que dieron “aumentos en julio y agosto y hay otros sectores como la docencia y las fuerzas de seguridad que recibirán incrementos en septiembre”.
La cuestión en Misiones es simple: “hay paritarias abiertas, tenemos nuestra propia negociación”, así lo explican en el entorno del Herrera Ahuad. También descartan que la postura de la provincia tenga un significado político en medio de las elecciones nacionales y refuerzan su apoyo a la candidatura presidencial de Massa.
El funcionario interpretó que lo medida “se aplica al ámbito privado porque en muchos sectores no estaban previstos aumentos salariales para estos meses y ese bono es a cuenta de las paritarias”. En ese marco, lo que se debe hacer es “revisar para ver si el aumento pactado está en línea con la realidad económica que se vive a partir de lo que pasó después del 14 de agosto”, agregó Safrán.
La Ciudad de Buenos Aires, también deslizó que ya dio aumentos a los empleados municipales que siguen de cerca la inflación de este año, “con paritarias mensuales y en algún caso hasta quincenales”. En tanto, el gobierno Córdoba hizo trascender en medios locales que considera que el bono a los empleados públicos ya está dado en su propia paritaria y se aclaró que, en agosto, el que menos cobró de aumento fue de $33 mil y remunerativo, conforme al escalafón.
En Jujuy, el ministro de Hacienda provincial, Carlos Sadir, fue más duro y adujo que la administración local está en línea con la inflación en el marco de su propia paritaria, pero también utilizó otro argumento más para no sumarse a la medida: no tiene los recursos para pagar la suma fija de 60 mil pesos que el Gobierno nacional anunció para los trabajadores y consideró que el bono “es una medida electoralista sin conocer cómo es la situación financiera de cada provincia”, afirmó el mandatario provincial.
El mismo argumento utilizó el ministro de Gobierno de Salta, Ricardo Villada. La provincia es una aliada a Massa, sin embargo también priorizó mantener los aumentos de su jurisdicción dentro de la esfera local.
El gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, dijo que la provincia no adherirá al pago de la suma fija porque el Gobierno nacional “sacó esa medida para los empleados nacionales” y que en la provincia “hace cuatro años que garantizamos la cláusula gatillo por encima del nivel de la inflación y hoy por hoy hay un esfuerzo mayor para los trabajadores que tienen cargas familiares”.
Desde Entre Ríos, el gobernador Gustavo Bordet aclaró que los empleados públicos provinciales no recibirán la suma fija sugerida porque tienen sus propias negociaciones. “Hoy estamos con un 76% de aumento acumulado, con el 5% que acordamos este mes, y estamos un 15 o 16 puntos arriba de la inflación. Igualmente, seguimos con paritarias abiertas y trabajando”, señaló.
“La totalidad de los trabajadores y trabajadoras están bajo Convenios Colectivos y se acordó en paritarias con todos los gremios. Existe un acuerdo vigente con ajuste por el IPC, único en el país, que contempla justamente estos saltos en las variables económicas”, sostuvo el gobierno de Neuquén, con la misma lógica de las demás provincias mencionadas.
Catamarca mantuvo el mismo posicionamiento debido a que el gobierno provincial todavía tiene activo un bono de 120.000 pesos a pagar en 6 cuotas que fue anunciado en mayo, al que además se le añadieron otras dos cuotas extra de 20.000 pesos cada una antes de fin de año.
Tucumán hizo saber que no lo pagará porque está en plena negociación paritaria y además no tienen previstos “los recursos” para otorgar los 60 mil del bono. Tampoco lo hará Santa Cruz, ya que el mes pasado había dispuesto para el personal activo y pasivo de la provincia el pago de un bono por única vez de 100.000 pesos para quienes ganan un salario bruto inferior a 300 mil pesos, y de 60.000, para quienes superan ese ingreso.
Podría haber multas
Tras el anuncio de Massa y el rechazo de las provincias, la ministra de Trabajo Raquel “Kelly” Olmos convocó a los gremios a “acompañar” las medidas anunciadas por su par de Economía y les pidió su participación para “identificar a las empresas” que no cumplan con el pago del bono de 60 mil pesos, a las que “se aplicarán multas”: “Las empresas que no paguen tendrán una infracción. Van a tener que pagar -el bono- y encima una multa”, dijo a radio Futurock y recordó que existen canales para realizar denuncias anónimas si se verifican casos de incumplimientos por parte de los empresarios.
Olmos también señaló que quienes reciban el beneficio no podrán comprar dólares ahorro: “No podrán comprar. En los casos de recursos que pone el Estado, nosotros queremos que esto no vaya a la brecha -cambiaria en el mercado de divisas-, queremos que vaya al consumo”, remarcó en declaraciones a radio Urbana Play.
Por su parte, el diputado y titular de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, advirtió sobre la posición de empresarios sobre la medida y manifestó: “Me causa gracia que ahora los empresarios defiendan las paritarias porque durante muchos años, cuando no se aplicaban, no decían nada”.
“La reacción de los empresarios marca el sentido correcto que tomó el Gobierno. Hay que estimular una recuperación del ingreso de los que han quedado más abajo y lo tiene que costear el empresariado que tiene una renta extraordinaria”, enfatizó Yasky en declaraciones a El Destape Radio.
Informe: Valeria Druckmann