Este miércoles, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) falló a favor de la Ciudad de Buenos Aires, luego de que el Gobierno nacional recortara la coparticipación años atrás y dispuso que se le pague a CABA el 2,95% de la masa de impuestos coparticipables.
La resolución no tuvo buena aceptación en la Casa Rosada.
En las últimas horas, el presidente Alberto Fernández decidió no acatar la medida cautelar de la Corte Suprema de Justicia que ordenó devolverle a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires los fondos coparticipables que el gobierno nacional le quitó en 2020, y anunció que recusará a los miembros del máximo tribunal.
La decisión fue tomada tras la cumbre que mantuvo con la mayoría de los gobernadores peronistas en la Casa Rosada, quienes se mostraron molestos porque, alertaron, la definición del máximo tribunal de Justicia afectará sus recursos en 2023.
En ese marco, difundieron un comunicado en el que el gobierno nacional habló de “un fallo inédito, incongruente y de imposible cumplimiento” y hasta cuestionó el criterio para definir el porcentaje asignado para Caba.
Qué dijo Horacio Rodríguez Larreta
Tras el comunicado de Alberto Fernández, Horacio Rodríguez Larreta aseguró que no acatar la decisión del Máximo Tribunal sobre la Coparticipación es de “altísima gravedad institucional” y criticó a los gobernadores que apoyan que Fernández se ponga por encima de la Constitución. “No vamos a permitir que se lleven puesta la República”, sentenció.
“Esto no es en contra de la Ciudad. Es en contra de la Constitución, de la seguridad jurídica en nuestro país. Es en contra de cualquier posibilidad de desarrollo. ¿Quién va a confiar en un país donde no se respetan las decisiones de la Justicia? ¿Qué podemos esperar los argentinos si el propio Presidente no cumple la ley?”, expresó el jefe de Gobierno porteño.
Larreta anticipó que la Ciudad de Buenos Aires realizará una presentación en la Corte para informar de este incumplimiento y denunciar a los organismos y a cada uno de los funcionarios responsables de incumplir el fallo. Además, señaló que el bloque de Juntos por el Cambio en el Congreso está analizando otras acciones judiciales y legislativas para defender la legalidad y el estado de Derecho.
Antecedentes del conflicto
Los cortocircuitos entre la Ciudad de Buenos Aires y la Nación empezaron en la administración de Mauricio Macri. Y luego siguieron cuando, en 2020, se quitó un punto de la coparticipación nacional a la ciudad por el traspaso de las funciones de seguridad. El recorte de fondos fue dispuesto en el decreto 375, firmado en septiembre 2020.
Por ese motivo, el gobierno porteño le pidió a la Corte Suprema que declare la inconstitucionalidad de las normas y el pago de una suma que compense la pérdida de recursos sufrida desde entonces.
La respuesta del Estado Nacional llegó por la misma vía: cuestionó la legitimidad del decreto 194/2016 dictado por Mauricio Macri, que por entonces era presidente, en el que elevó de 1,40 a 3,75 el porcentual que recibía de coparticipación la ciudad de Buenos Aires. Fue la administración anterior la que luego redujo el porcentual a 3,5.
