En las últimas horas, trascendió que el joven remero Pablo Ventura inició una demanda al Ministerio Público Fiscal del Poder Judicial bonaerense que lo había señalado como sospechoso del asesinato de Fernando Báez Sosa y luego lo sobreseyó de la causa por falta de pruebas.
En ese sentido, Ventura pidió un resarcimiento de 10 millones de pesos por el “daño moral causado”. Especificamente, la demanda apunta a los daños sufridos por el joven remeros quien fue detenido el 19 de enero de 2020.
La acusación provino del primer fiscal de la causa, Walter Mercuri, quien lo tuvo tres días en prisión junto con los rugbiers acusados del crimen de Fernando Báez Sosa.
En este marco, el nuevo abogado de Ventura, Marcelo Olmos, sumó como prueba distintas notas periodísticas y puso a disposición una serie de testigos para que declaren en esta causa.
“Se reclama del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires-Ministerio Público Fiscal en concepto de indemnización del daño moral causado al actor por la infundada e injusta detención y a más de la pérdida de la libertad y la alteración de la paz”, señala la demanda.
Error de la Justicia
Es que, durante el fatídico caso de Fernando Báez Sosa, tanto Pablo como su familia aseguraron que la noche del crimen, ocurrida el 18 de enero, él había estado en Zárate donde cenó con sus padres, y que nunca estuvo en Villa Gesell.
Es más, fue detenido por el crimen de Báez el 19 de enero de 2020 en su casa de la ciudad bonaerense de Zárate, luego lo trasladaron a Villa Gesell donde quedó excarcelado por falta de pruebas el 21 de ese mismo mes por pedido de la fiscal de la causa Verónica Zamboni, y la orden del juez de Garantías David Mancinelli.
Una vez comprobada la versión de Ventura, el joven quedó desvinculado de la causa en febrero de ese año después de su liberación. Cabe recordar que, además de Pablo Ventura, también fueron sobreseídos otros dos jóvenes que habían sido acusados como partícipes necesarios: Juan Pedro Guarino y Alejo Milanesi.
