En Argentina, fueron asesinadas 305 mujeres producto de la violencia machista en 2021. Casi el 60 % de los casos cometidos por sus parejas, según contabilizaron organizaciones sociales que advirtieron que, de media, un feminicidio ocurrió cada 29 horas.
Los datos se desprenden del informe del Observatorio de Femicidios Adriana Marisel Zambrano, divulgado este jueves, que también reveló que 336 hijos e hijas quedaron huérfanos por parte materna, de los cuales el 58 % son menores de edad.
Además, se cometieron 10 trasvesticidios y 21 feminicidios vinculados de varones adultos y niños, es decir, el asesinato de una persona con el cual la mujer tiene un vínculo familiar o afectivo con el objetivo de dañarla psicológicamente, generalmente suelen ser los hijos.
Un total de 178 víctimas fueron agredidas dentro de sus hogares y al menos 36 mujeres habían podido realizar una denuncia previa contra su agresor, pero solo en 20 casos la Justicia argentina brindó medidas cautelares de prevención y 29 feminicidas pertenecían a instituciones policiales.
La asociación feminista Casa del Encuentro indicó en un comunicado que “la violencia de género es multicausal, está ligada a las diferentes situaciones en las que se encuentran quienes la atraviesan y es por eso que su abordaje debe ser integral, multidisciplinario y federal”.
La provincia de Buenos Aires encabeza la lista de más muertes de mujeres por violencia machista, ya que se cometieron 108 feminicidios, seguida por Santa Fe con 25, Córdoba con 23 y Tucumán con 20.
Femicidios en Santiago del Estero, Formosa y Chaco
Sin embargo, las tasas de feminicidios revelaron que Santiago del Estero (1,52), Formosa (1,31) y Chaco (1,23) son las provincias más peligrosas por la frecuencia en la que se consumaron asesinatos cada 100.000 habitantes.
“Es imperioso que el Poder Legislativo mejore y actualice las leyes existentes, que el Poder Judicial atienda y proteja a quienes se acercan a denunciar, y se ocupe de dar seguimiento a las medidas de protección que aplica”, marcaron.
Además, exigieron que el Poder Ejecutivo ejecute las políticas públicas que planteó en el Plan Nacional de Acción contra las Violencias por Motivos de Género.
“El Estado debe garantizar la efectiva implementación de políticas públicas contra la violencia de género, profundizar las campañas de prevención y hacer efectivos los programas anunciados de acompañamiento”, agregaron.
