En un momento donde las empresas hacen lo imposible para mantenerse a flote, una insólita medida de la Justicia laboral pone en riesgo la solvencia y la seguridad jurídica de las compañías al elevar la tasa de interés de indemnizaciones por despidos. Las más afectadas son las pequeñas y medianas empresas, que justamente son las que más trabajo generan en su conjunto.
La primera acción de los privados que empujan la economía fue exponer la situación a través de un duro documento sustentado en informes de la Universidad de Buenos Aires, organizaciones del sector empresarial y datos públicos oficiales. El reclamo lleva los sellos de la Unión Industrial Argentina (UIA), la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Asociación de Fábricas de Automotores (Adefa), el Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA) y hasta del Colegio de Abogados de la Ciudad.
El documento, donde se pone en evidencia los enormes perjuicios por la alta volatilidad en el cálculo de intereses, fue presentado ante la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal. También se solicita la suspensión de la vigencia del Acta 2764/22 de esa dependencia judicial, que es la que establece la tasa de indemnizaciones por despidos.
Simultáneamente enviaron una nota a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en la que manifestaron: “La honda preocupación que existe entre los dadores de trabajo con relación a los métodos de actualización de las liquidaciones que surgen de las sentencias de condena que se pronuncian en ese fuero. Estamos convencidos de que esas actualizaciones están dañando seriamente a las empresas, generando perjuicios y distorsiones que muchas empresas ya no pueden afrontar”.
Para la comunidad empresarial, el método de cálculo adoptado “arroja resultados erráticos, inequitativos, exorbitantes y criterios disímiles de interpretación, todo lo cual afecta seriamente al principio de la Seguridad Jurídica con el consiguiente aumento de incidencias procesales, interposición de Recursos de Apelación y asimismo de Extraordinarios y Quejas ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación”. Y agrega: “Es una creencia compartida de las entidades que representamos en el sentido de que ese mecanismo de cálculo tiene efectos extremadamente nocivos para la industria, el comercio y los trabajadores en general”.
Los informes de la Universidad de Buenos Aires y de la UIA que señalan las inconsistencias del método de cálculo, lo que deriva en numerosos de recursos de queja presentados por las empresas afectadas ante la máxima autoridad judicial del país.
Lo que advierten las entidades es que esos recursos extraordinarios no suspenden los procesos judiciales y la Cámara ordena ejecutar las sentencias que producen grandes daños patrimoniales a las compañías, que varias veces deben pagar montos superiores a los vigentes antes de la publicación del acta cuestionada.
La industria de los juicios laborales en medio de una evidente crisis económica y con una inflación de las más altas del mundo, viene en aumento. Se esperan 136 mil nuevos juicios laborales en 2023.
Los impactos
Los firmantes sostienen que esta situación produce efectos extremadamente nocivos para la industria, el comercio y los trabajadores en general, en particular las pequeñas y medianas empresas generadoras de la mayor parte de los empleos registrados en el país, afectando seriamente el derecho a la propiedad, la garantía de igualdad y el principio de seguridad jurídica.
Además, advirtieron que la recarga de recursos en los Tribunales genera demoras en las causas que debieran resolverse en tiempo, y eso constituye un deterioro en el servicio de justicia para la población en general.
Por otra parte, las entidades consideraron que el esquema de capitalización compuesta habilitado por el acta es un factor que presenta notables asimetrías en su aplicación. “En tanto, el monto resultante de la demanda se encuentra fuertemente influenciado por las oscilaciones de una tasa activa que no guarda correlación directa con la variación en el nivel general de precios ni la evolución de salarios de la economía”, aseguraron.
También remarcaron que resulta discutible la utilización de una tasa activa en una actualización de índole laboral, dado que su construcción aglutina componentes de distinta índole. “Las tasas de interés involucradas en el acta también forman parte de un herramental con que los gobiernos cuentan para realizar políticas públicas, donde persiguen diversos objetivos vinculados a la estabilidad macroeconómica”, apuntaron.
“En términos anuales la tasa activa real presenta un componente errático. Con una tasa nominal con diferenciales marcados respecto a la tasa de inflación, a lo largo de los años la tasa real se mueve de terrenos nítidamente positivos a valores negativos”, explicaron los especialistas.
El ruido ART
En relación con la aplicación del Acta 2764 para actualización de montos de sentencias por accidentes de trabajo, desde la Unión de Aseguradoras de Riesgo del Trabajo (UART) consideraron que “quizás con ejemplos pueda ilustrarse mejor el daño que se inflige a un sistema consolidado y apreciado por trabajadores y empleadores. A partir de la actualización de la tasa según Acta 2764/22 del CNAT, el valor de un juicio de 2014 que antes se multiplicaba por seis, ahora pasa a multiplicarse por 45. Si bien esta acta alcanza sólo al 13% de los juicios en stock, implica un impacto de más del total del patrimonio de todas las ART”.
“Huelga decir que las consecuencias sobre el sistema son fuertísimas. Las ART funcionan con la lógica del sistema asegurador, previsionando y cobrando según reglas de juego vigentes. Cuando, como en este caso, se cambian de un día para el otro y con aplicación retroactiva, se destruye la ecuación que equilibra cobertura y financiamiento y con ello se pone a riesgo la cobertura y los beneficios del sistema”, advirtieron desde la UART.
