El 26 de octubre de 2019, tras semanas de marchas multitudinarias en todo Chile, 1,2 millones de personas se congregaron en el centro de Santiago para participar de la mayor protesta desde la vuelta de la democracia en el país. Entre los pedidos al Gobierno, impulsados por la juventud se encontraban salud universal, educación pública de calidad y pensiones dignas.
En el día de hoy se han cumplido dos años de este hito y regresaron los incidentes. Algunos de los asistentes al aniversario realizaron saqueos a comercios, tuvieron choques entre distintos bloques de manifestantes y enfrentamientos directos con la policía, que hicieron accionar los camiones hidrantes. También preocuparon a las autoridades los incendios a las barricadas causados en la plaza Alameda.
Contrastando fuerte con esta imágen, frente al palacio presidencial de La Moneda una columna de ciclistas decidió expresar su descontento con el presidente mostrando carteles y gritando ante la institución.
A dos kilómetros del lugar de los disturbios, unos 300 manifestantes protestaban pacíficamente en Plaza Italia, epicentro de la revuelta social de 2019 y rebautizada popularmente como Plaza Dignidad. Allí los manifestantes acudieron con cornetas y pancartas que conmemoraban la fuerza ciudadana que derivaron en la convocatoria a una Convención Constituyente que actualmente sesiona para redactar una nueva carta magna.
También se buscó conmemorar a aquellas 30 personas que murieron en el estallido social y que fueron denunciadas por muchas entidades internacionales como víctimas de violaciones de los derechos humanos por parte de las fuerzas armadas chilenas.
La ONU en este día tan importante para todos los chilenos destacó los avances en materia de derechos en el país pero llamó a “profundizar sus esfuerzos” para abordar las violaciones a derechos humanos de 2019. "Valoramos los esfuerzos del Estado (...) Sin embargo, persisten obstáculos en el acceso de las víctimas a la justicia, reparación y garantías de no repetición, entre otros derechos fundamentales", subrayó el representante de ONU DDHH en América del Sur, Jan Jarab.
