Después de cinco años, la Justicia sentenció a 12 años de prisión a Lázaro Báez por lavado de dinero. Para eso, el tribunal tuvo varias coincidencias y también diferencias a la hora de tomar la decisión.
Los encargados de llevar adelante el juicio fueron Néstor Costabel, Adriana Palliotti y María Gabriela López Iñíguez, quienes a pesar de sus diferencias con respecto a las interpretaciones personales sobre la prueba y la aplicación de la ley, entendieron que Báez es un delincuente o al menos llegaron a esa conclusión.
La condena fue unánime y los tres compartieron la misma certeza: “El empresario acumuló una fortuna sideral de dinero producto del delito, millonaria en dólares y esa plata viajó hacia paraísos fiscales, se transformó en bonos, propiedades o simplemente se acumuló en bolsos llenos de billetes que eran trasladados en vuelos privados desde la Patagonia a Buenos Aires y además fueron fugados del país desde cuevas de la City porteña”.
El dinero por el que se acusa a Báez de enriquecimiento ilícito provenía, según dos de los jueces, de las obras públicas durante el gobierno de Cristina Kirchner.
En este punto, por ejemplo, la jueza López Iñíguez no estuvo de acuerdo con sus compañeros de tribunal. Ella avala la hipótesis de que el origen de esa fortuna en negro “fue la defraudación al fisco a través de la realización de maniobras con facturas truchas, que le permitieron acumular 70 millones de dólares que sustrajo al Estado”.
"Acompañó desde su inicio mediáticamente a esta causa, pero jurídicamente se incorporó a ella recién en abril de 2016, sugestivamente luego de un cambio de gobierno, y a través del polémico arrepentido Leonardo Fariña", concluyó la jueza, quien consideró fidedignas las afirmaciones de Fariña, pero tiene dudas en particular por su declaración sobre el origen del dinero en la obra pública.
